Ciudad de México, julio de 2025.– Frente al creciente fenómeno de la gentrificación y el grave rezago habitacional que enfrenta México, el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) hizo un llamado urgente a redensificar las ciudades, crear nuevas alternativas de financiamiento y atraer al sector privado a la construcción de vivienda asequible.

Durante el “Diálogo con Ingenieros”, realizado en las instalaciones del CICM, Luis Armando Díaz-Infante Chapa, secretario nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) e integrante del Consejo Directivo del CICM, destacó que “la gentrificación se disminuye considerablemente con una mayor oferta de vivienda asequible”. En este sentido, subrayó que las políticas públicas deben generar condiciones para que la inversión privada encuentre en este sector un esquema rentable, incluyente y acelerado.

La problemática de acceso a vivienda en el país es estructural. Actualmente, se estima que más de 8.9 millones de viviendas presentan algún tipo de rezago. De acuerdo con Díaz-Infante, para 2025 se necesitarán 2.8 millones de nuevas viviendas, y para 2030, la cifra se elevará a 6.6 millones. Además, seis estados concentran la mitad del rezago habitacional: Veracruz, Coahuila, Morelos, Oaxaca, Guerrero y Baja California.

Pese a que en los últimos 30 años la construcción de vivienda ha crecido más rápido que la población —un 88.8% frente a un 44.2%—, el déficit se ha mantenido. La razón: cambios en la estructura familiar, aumento en la expectativa de vida y un mayor número de hogares unipersonales. Esto ha generado una tendencia hacia menos personas por vivienda, pasando de 4.77 habitantes por hogar en 1995, a 3.64 en 2025.

Ante este panorama, Díaz-Infante propuso una “reinvención de los esquemas hipotecarios”, que considere la creación de modelos como la renta móvil, en la cual los trabajadores puedan cambiar de ubicación o tamaño de vivienda y, a través de un sistema de acumulación de puntos por pago de renta, acceder eventualmente a la propiedad. Este sistema estaría respaldado por instrumentos como el Fibravit, un fideicomiso de inversión en bienes raíces incluyente, orientado a trabajadores y respaldado por inversión pública y privada.

“La vivienda no puede costar más del 30% del ingreso familiar”, advirtió, al tiempo que reconoció que actualmente, el acceso a crédito privilegia únicamente la capacidad de pago o la afiliación a organismos nacionales de vivienda. Además, se anticipa un crecimiento del mercado de vivienda en renta del 16% actual al 50% en los próximos 20 años.

Por su parte, Mauricio Jessurun, presidente del CICM, destacó la necesidad de una visión integral en la construcción habitacional. “Se requiere más que construir muros y techos; se necesita una visión integral que vincule la seguridad con la accesibilidad, la eficiencia con la asequibilidad, y la resiliencia con la equidad social”, afirmó. También subrayó el rol estratégico de las y los ingenieros civiles en el desarrollo de soluciones habitacionales que respondan a la realidad del país y fortalezcan tanto la vivienda rural como la regeneración del tejido urbano.

Desde una perspectiva local, Ricardo González Lomelí, presidente de la CMIC Ciudad de México, señaló que el fenómeno de la gentrificación se ha intensificado particularmente en zonas como la Condesa, Roma o Hipódromo, donde el alto costo del suelo ha marginado los programas de financiamiento actuales. “El precio por metro cuadrado en estas colonias rebasa por mucho la capacidad de financiamiento de instituciones como Infonavit”, alertó.

González Lomelí también identificó retos adicionales, como la autoconstrucción sin asesoría técnica, el hacinamiento y el crecimiento urbano desordenado. Para contrarrestarlos, propuso la redensificación urbana, la regulación de plataformas digitales de renta, esquemas de renta con opción a compra y la creación de un banco de suelo. Además, hizo un llamado a una planeación urbana integral que involucre al gobierno, sociedad civil, academia y sectores técnicos, para evitar invasiones en zonas ecológicas y garantizar un desarrollo urbano sostenible.

Finalmente, los especialistas coincidieron en la necesidad de modificar los planes de ordenamiento territorial, generar reservas de suelo urbano a precios accesibles, simplificar trámites, ofrecer incentivos a desarrolladores, fomentar la movilidad sostenible y apoyar a sectores vulnerables con esquemas flexibles de financiamiento. Solo así será posible enfrentar con éxito el rezago habitacional y evitar que la gentrificación siga desplazando a quienes más necesitan un hogar digno.