Ciudad de México, a 12 de enero de 2026.- Es necesario plantear el problema de los desastres como un asunto multifacético que requiere una caja de herramientas compleja, pues no puede haber un solo instrumento financiero, no puede haber una sola vía para poder obtener los recursos y ejercerlos, tiene que haber una multiplicidad de vías para poder enfrentar el problema social que implican los desastres, destacaron Naxhelli Ruiz Rivera, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM y Julio César Fuentes Quezada, consultor en Economía Urbana, en la conferencia titulada “Impactos sociales y financieros de los sismos en la seguridad estructural de las edificaciones” este lunes en las instalaciones del CICM.

En su mensaje introductorio a la conferencia, Mauricio Jessurun Solomou, presidente del XL Consejo Directivo del CICM, dijo que las experiencias recientes de sismos en México y en el mundo han dejado en claro que los impactos de estos eventos trascienden el ámbito técnico y se proyectan hacia dimensiones sociales, económicas y financieras que influyen directamente en la capacidad de recuperación y resiliencia de las ciudades, “entendiendo que los daños visibles en una estructura representan solo una parte del costo real de un desastre” y, añadió, “a estos se suman las pérdidas económicas derivadas de la interrupción de actividades, la pérdida de servicios y los largos procesos de reconstrucción, cuyos efectos se extienden mucho más allá de la fase crítica posterior a un sismo”.

La doctora explicó la diferencia entre daño y pérdida. El daño se refiere a las afectaciones materiales que pueden cuantificarse en términos monetarios de manera inmediata tras un siniestro, considerando tanto la magnitud física como el valor de reposición de los bienes afectados. La pérdida es un concepto de mayor alcance, ya que depende de la respuesta social y política ante el desastre y se relaciona con los bienes y servicios que dejan de producirse durante el periodo en que el daño no ha sido reparado, por lo que su medición corresponde a un proceso de más largo plazo. En este contexto, la especialista distinguió entre reconstrucción, vinculada a la reposición material de los daños, y recuperación, que abarca la reactivación económica, los negocios y medios de vida, así como impactos sociales como la salud y la migración forzada.

Además, subrayó que la pérdida implica un gasto adicional al daño, mientras que el daño permite estimar con relativa claridad el costo de la infraestructura afectada, en muy pocos países existe una contabilidad sistemática de las pérdidas en el mediano y largo plazo.

Estas pérdidas, explicó, forman parte de lo que debería entenderse como protección, un ámbito en el que resulta menos claro quién asume los costos y cómo se distribuyen las responsabilidades. A diferencia de la atención de los daños, existen diversos instrumentos financieros diseñados para distintos momentos del desastre, con el objetivo de maximizar el uso de los recursos. Algunos de estos instrumentos permiten transferir el riesgo, mientras que otros no, predominando actualmente el uso de instrumentos de deuda.

Es por ello que existen diferentes herramientas para cada fase del desastre, detalló Naxhieli Ruiz. En prevención, con fondos de resiliencia, instrumentos de captura de plusvalía (preventivos) e incentivos fiscales; en preparación, con fondos de adaptación; en respuesta al evento, como bonos catastróficos, fondos de desastres, seguros públicos y privados; y en recuperación, como impuestos ex post, instrumentos de captura de plusvalía (reconstrucción) y bonos catastróficos condicionados. 

En el caso de México, la especialista señaló que el país cuenta con estrategias de transferencia de riesgos catastróficos, aunque estos solo se activan ante eventos que cumplen criterios específicos de catástrofe. Actualmente, el país dispone de un seguro contra desastres por 5 mil 400 millones de pesos y de bonos catastróficos por hasta 595 millones de dólares, aplicables a sismos de baja y alta frecuencia, así como a huracanes en el Atlántico y el Pacífico. Estos instrumentos operan bajo distintos criterios de aseguramiento según la zonificación del territorio, lo que provoca que nunca se acceda al monto total de los bonos. “Parte del problema no solo es cómo acceder a estos recursos, sino también cómo ejercerlos de manera eficiente para maximizar su beneficio”, advirtió Ruiz Rivera.

En su intervención, Julio César Fuentes Quezada planteó la necesidad de cuestionar si la inversión pública se orienta a prevenir los desastres, a reducir su impacto económico una vez que ocurren, o simplemente a gastar recursos después del evento. En este marco, explicó las principales categorías de instrumentos financieros ante desastres; en primer lugar, la ayuda humanitaria, basada en donaciones de las que no se puede depender; en segundo lugar, el ahorro y el gasto público, que son derogados una vez ocurrido el desastre mediante fondos de contingencia; en tercer lugar, la deuda, generalmente asumida por el gobierno federal; en cuarto, el aseguramiento, que recae principalmente en actores privados y, en algunos casos, en el sector público; y en quinto lugar, instrumentos fiscales y de financiamiento urbano.

De estos últimos, el consultor detalló los instrumentos fiscales y de financiamiento urbano, dirigido a un enfoque de inversión preventiva desde lo local, enfatizando que, en México se tienen identificadas 92 metrópolis, que aportan cerca del 83 por ciento del Producto Interno Nacional y concentran cerca del 82 por ciento del personal ocupado nacional, por lo que es muy importante hablar del financiamiento a este nivel, pues por cada dólar invertido en prevención de riesgos, se puede llegar a ahorrar hasta 14 dólares en la recuperación después de desastres, según cifras internacionales. Sin embargo, el principal ingreso de los gobiernos locales, el predial, representa solo el 0.11 por ciento del PIB de México, en los últimos lugares de los países miembros de la OCDE y de América latina, lo cual pone a los gobiernos locales en insuficiencia presupuestaria en materia de gasto para los desastres, los cuales absorben muchos de los recursos que podrían destinarse a su prevención, señaló.

Entre las opciones para fortalecer los ingresos locales, el consultor destacó los instrumentos de captura de plusvalías, que parten del principio de que la inversión pública incrementa el valor del suelo y que una parte de esa revalorización puede destinarse al financiamiento de nuevas obras públicas. Ejemplos de ello son las contribuciones por mejoras aplicadas a obras preventivas, las cargas de desarrollo con fines de prevención y los esquemas de reajuste de suelo, mediante los cuales la venta de terrenos reordenados permite financiar infraestructura pública.

Finalmente, la doctora Ruiz Rivera concluyó que el riesgo es una construcción social “no mata el sismo, sino la mala edificación”. Advirtió que minimizar costos hoy puede generar graves impactos económicos y sociales en el futuro, por lo consideró urgente abrir un debate público informado y fortalecer una comunicación más responsable y eficaz del riesgo.

En sus comentarios a la conferencia, Bernardo Gómez González, excoordinador del Comité de Seguridad Estructural del CICM, señaló que el debate sobre seguridad estructural en la Ciudad de México surgió de la tensión entre mayores exigencias normativas y los costos de la edificación, lo que llevó a un diálogo entre ingenieros, desarrolladores, autoridades y especialistas en otras disciplinas. Su planteamiento central es que la ingeniería debe dejar de centrarse únicamente en la estructura y poner en el centro a las personas que habitan los edificios, entendiendo que el daño tiene implicaciones técnicas, sociales y financieras.