El Colegio de Ingenieros Civiles de México advirtió que el éxito de la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica dependerá de una planeación rigurosa, mecanismos de gobernanza efectivos y proyectos con visión de largo plazo.

Ciudad de México. La nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar representa una oportunidad para fortalecer la inversión en proyectos prioritarios del país; sin embargo, su verdadero impacto dependerá de que garantice una adecuada planeación, criterios técnicos sólidos y una visión de largo plazo, coincidieron especialistas durante la conferencia “Anatomía de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar”, organizada por el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).

Durante el encuentro, el presidente del XLI Consejo Directivo del CICM, Jesús Campos López, destacó que la rentabilidad financiera continúa siendo un elemento indispensable para detonar los esquemas de coinversión entre el sector público y privado.

“La rentabilidad se logra cuando existe un equilibrio adecuado entre riesgo y rendimiento, sustentado en un modelo económico-financiero sólido y verificable. Solo así la inversión privada puede complementar los recursos públicos para construir la infraestructura que México necesita”, señaló.

Asimismo, informó que el CICM gestiona su incorporación al Consejo de Planeación Estratégica, previsto en la nueva legislación, como órgano de consulta técnica, con el objetivo de aportar la experiencia de la ingeniería civil en la evaluación y desarrollo de los proyectos estratégicos.

Reglamento será la pieza clave para aplicar la Ley

El consultor jurídico en estructuración y financiamiento de proyectos de infraestructura, Francisco Javier Treviño Moreno, afirmó que el Reglamento será el instrumento que dará viabilidad operativa a la Ley, al desarrollar los procedimientos, aclarar criterios y articular el complejo marco jurídico que interviene en los proyectos de infraestructura.

Explicó que la legislación consta de 141 artículos, distribuidos en doce títulos, más ocho artículos transitorios, lo que refleja su alto grado de complejidad y alcance.

Treviño consideró positivo que la Ley establezca un marco jurídico para la planeación, ejecución y financiamiento de obras estratégicas, incorporando como eje central el concepto de desarrollo con bienestar, donde la viabilidad de los proyectos no solo se mide por su rentabilidad económica, sino también por su impacto social.

Gobernanza, financiamiento y planeación, entre los principales avances

Entre los aspectos que el especialista calificó como favorables destacan:

• La creación del Consejo de Planeación Estratégica, encargado de autorizar los proyectos.
• La incorporación de criterios de selección basados en la prosperidad compartida.
• La creación de Vehículos de Propósito Específico (VPE) para facilitar el financiamiento mediante certificados bursátiles.
• El establecimiento de un límite del 3% del gasto neto federal para compromisos anuales bajo este esquema.
• El fortalecimiento de mecanismos de solución de controversias.
• La incorporación de instrumentos como la Manifestación de Impacto Social, el Plan de Gestión Social y la Base de Datos Nacional de Infraestructura Estratégica.

Especialistas advierten áreas de preocupación

Pese a los avances, Treviño Moreno manifestó preocupación porque la Ley permita utilizar estos esquemas para adquirir bienes y servicios, además de obras públicas, situación que —consideró— rompe con la naturaleza tradicional del desarrollo de infraestructura.

También cuestionó que la legislación contemple la posibilidad de realizar adjudicaciones directas e iniciar proyectos antes de contar con todos los permisos necesarios, además de no profundizar en aspectos fundamentales como los estudios previos y la liberación del derecho de vía.

La planeación será el factor que determine el éxito

Durante la sesión de comentarios, Héctor Javier Ibarrola Reyes, coordinador del Comité de Normatividad y Enlace Legislativo del CICM, enfatizó que ningún modelo financiero puede sustituir una adecuada planeación.

Advirtió que el éxito de la nueva legislación dependerá de evitar proyectos improvisados, resolver oportunamente los derechos de vía, atender los conflictos sociales y privilegiar siempre los criterios técnicos sobre las decisiones políticas.

En el mismo sentido, Germán García Correa, coordinador adjunto del Comité de Normatividad y Enlace Legislativo, subrayó que la mayor flexibilidad financiera prevista en la Ley debe ir acompañada de mecanismos robustos de transparencia, gobernanza, rendición de cuentas y participación ciudadana.

Por su parte, Andrés Moreno y Fernández, vicepresidente Técnico y Desarrollo de la Ingeniería del CICM, expresó preocupación porque el Comité de Análisis de Riesgos esté conformado únicamente por funcionarios públicos, sin la participación de organismos técnicos especializados ni de representantes del sector privado.

Finalmente, Jesús Gustavo Granados Enciso, integrante del Club de Estudiantes CICM de la Universidad Iberoamericana, coincidió en que la nueva legislación fortalece el marco para atraer inversión en infraestructura, aunque reiteró que su éxito dependerá de que los proyectos nazcan con una planeación técnica rigurosa desde su origen.

Ingeniería técnica, clave para la infraestructura del futuro

La conferencia dejó claro que la nueva Ley abre una etapa importante para impulsar la inversión en infraestructura estratégica en México; no obstante, especialistas del CICM coincidieron en que el verdadero desafío será garantizar proyectos técnicamente viables, financieramente sostenibles y socialmente responsables, donde la planeación y la participación de organismos especializados sean pilares fundamentales para lograr infraestructura que genere desarrollo y bienestar a largo plazo.