Por: MSc. Arch. Urb. Raúl Martínez y  MSc. Arch. Urb. Mariana Fajardo

La problemática de la vivienda en México es compleja y multifacética. El crecimiento poblacional ha marcado, sin duda, la pauta para la toma de decisiones en materia habitacional a lo largo del tiempo. Si bien se han implementado estrategias para alojar a la población, las cifras históricas revelan un déficit persistente. En el caso particular de la vivienda social, aquella que debería ser asequible para un amplio sector de la población, los esfuerzos públicos se han concentrado de forma constante, aunque con resultados que, en la mayoría de los casos, resultan insuficientes. Debido a la alta demanda, este tipo de vivienda ha transformado profundamente la morfología urbana de las ciudades mexicanas. El crecimiento desmedido y, en muchos casos, escasamente planificado ha provocado la expansión de las manchas urbanas, el incremento en el uso del automóvil y la segregación de sectores sociales enteros.

Estas condiciones han colocado a la vivienda social en el centro del debate sobre el “derecho a la vivienda”, una noción que exige repensar el acceso a viviendas dignas y asequibles en un contexto neoliberal que frecuentemente privilegia las ganancias por encima de la calidad de vida. Pero ¿qué significa realmente el “derecho a la vivienda”?

¿Qué significa el derecho a la vivienda?

Hablar del derecho a la vivienda no es una tendencia reciente ni un término de moda. Se trata de una garantía fundamental que va mucho más allá de disponer de un techo y cuatro paredes. Como arquitectos, solemos enfocarnos en el diseño, en este caso el diseño de la vivienda, y así justificamos intervenciones “urbanas” mediante la implementación de mobiliario urbano o vegetación. No obstante, la planificación de la vivienda implica múltiples factores, muchos de ellos intangibles, que tantos arquitectos, desarrolladores privados y el Estado tienden a ignorar deliberadamente.

En México, la vivienda social promovida en las últimas décadas ha fallado, especialmente en términos de accesibilidad y ubicación. Una vivienda no puede considerarse accesible si obliga a sus habitantes a invertir horas en desplazamientos diarios. Tampoco puede considerarse asequible si se ubica únicamente en áreas periféricas, desvinculadas de las oportunidades de empleo y los servicios urbanos básicos.

La Constitución Mexicana, en su Artículo 4º, establece lo siguiente:

• Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.
• Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo.
• Los niños tienen derecho a alimentación, salud, educación y esparcimiento.
• El Estado garantizará estos derechos y promoverá su cumplimiento mediante leyes y políticas públicas.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que una vivienda adecuada debe cumplir con varios criterios fundamentales. No basta con tener una casa; ésta debe garantizar condiciones dignas de vida. Los elementos esenciales incluyen:

• Seguridad de la tenencia: Protección contra desalojos forzosos o amenazas.
• Disponibilidad de servicios: Acceso a agua potable, saneamiento, electricidad, etc.
• Asequibilidad: Costos que no interfieran con el ejercicio de otros derechos.
• Habitabilidad: Condiciones físicas seguras y confortables.
• Accesibilidad: Inclusión de personas en situación de vulnerabilidad.
• Ubicación: Cercanía a empleo, educación y servicios esenciales.
• Adecuación cultural: Respeto a la identidad de los habitantes.

Principales retos para adquirir una vivienda hoy en día: Airbnb, pandemia y gentrificación

La actual crisis de vivienda en México y en otras ciudades del mundo se ha visto intensificada por fenómenos como la gentrificación, el crecimiento del mercado de alquiler turístico a través de plataformas como Airbnb, y los efectos sociales y económicos derivados de la pandemia por COVID-19. La gentrificación es una forma particular de revitalización urbana, caracterizada por sus efectos de desplazamiento. A diferencia del incumbent upgrading, un proceso donde los residentes originales impulsan mejoras en su entorno, la gentrificación suele implicar la llegada de nuevos residentes con mayor poder adquisitivo que transforman el entorno físico y social. Esta transformación suele ir acompañada de un alza en los precios del suelo y la vivienda, desplazando a los residentes originales. Según autores como Neil Smith (1996, 2000, 2001, 2005), la gentrificación está estrechamente vinculada con el agotamiento del modelo económico fordista y la reestructuración territorial impulsada por la globalización y la economía de servicios. Además, el turismo ha reforzado estos procesos, especialmente en ciudades costeras, desplazando a poblaciones locales para dar paso a destinos orientados al descanso de clases medias internacionales.

En la Ciudad de México, zonas centrales como Roma, Condesa, Santa María la Ribera, Doctores y Obrera han experimentado procesos de transformación urbana y comercial que pueden considerarse gentrificadores. Un artículo de El País, titulado “La gentrificación acorrala a los barrios del centro de Ciudad de México”, describe cómo la llegada de nómadas digitales (trabajadores remotos con ingresos superiores al promedio nacional) ha generado inflación en precios de vivienda y alterado la vida cotidiana de barrios tradicionales. El aumento de proyectos inmobiliarios, los cambios de uso de suelo, la renovación de espacios públicos y el desplazamiento del comercio informal han provocado tensiones con los residentes originales.

El descontento ha llegado a manifestaciones públicas, como la ocurrida el 4 de julio en la colonia Condesa, donde habitantes protestaron contra la presencia masiva de turistas e inmigrantes extranjeros que se asentaron durante y después de la pandemia.

El caso de Barcelona y consecuencias globales

En España, los procesos de gentrificación se habían concentrado, hasta la crisis económica de 2008, en espacios urbanos muy específicos, especialmente en ciertos centros históricos que habían sufrido un deterioro significativo durante las últimas décadas del siglo XX (Sorando & Ardura, 2018), dentro de un contexto dominado por la suburbanización. Sin embargo, tras la crisis, estos procesos se expandieron y diversificaron, impulsados por el regreso de sectores de clases medias a zonas centrales anteriormente ajenas a este fenómeno (López-Gay et al., 2019). Este desplazamiento ha estado acompañado por una migración cualificada, tanto nacional como internacional, que ha intensificado la presión sobre la vivienda en los centros urbanos (López-Gay & Andújar-Llosa, 2020). Como efecto paralelo, se ha observado una tendencia a la suburbanización de la pobreza, resultado de la expulsión progresiva de hogares de bajos ingresos desde las zonas gentrificadas hacia la periferia (Bailey & Minton, 2018; Hochstenbach & Musterd, 2018).

En este contexto, Barcelona se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos. Considerada una de las ciudades más turísticas del mundo, ha experimentado una transformación urbana profunda en barrios como El Raval, La Barceloneta, El Gòtic y Poblenou, que han sido objeto de una fuerte presión inmobiliaria ligada al turismo masivo y a plataformas de alquiler a corto plazo como Airbnb. Esta dinámica ha generado un aumento exponencial de los precios de la vivienda, afectando gravemente la vida cotidiana de los residentes tradicionales.

Ante esta situación, miles de activistas han salido a las calles a protestar contra el turismo descontrolado, incluso organizando acciones simbólicas como manifestaciones con pistolas de agua dirigidas a turistas, para visibilizar el impacto del modelo turístico en la crisis inmobiliaria. La presión social ha sido tal que el Ayuntamiento de Barcelona anunció la prohibición de los alquileres turísticos en apartamentos completos a partir de 2028, como parte de una estrategia para recuperar la función residencial del parque habitacional y frenar el desplazamiento poblacional. Barcelona encarna hoy el conflicto entre el derecho a la vivienda y las dinámicas del mercado global, mostrando cómo la defensa del espacio habitable se ha convertido en una causa ciudadana frente a la lógica extractiva del turismo y la especulación inmobiliaria.

En otras ciudades del mundo también se han impulsado medidas para contener esta crisis. En Nueva York, la aprobación de la Ley Local 18 en 2023 (también conocida como la Ley de Registro de Alquileres a Corto Plazo) busca regular plataformas como Airbnb, limitando el uso de propiedades para fines turísticos y así proteger el acceso a vivienda para los residentes permanentes, intentando frenar los procesos de gentrificación y la inflación de los alquileres.

Un caso particularmente simbólico ocurrió en San Juan, Puerto Rico, con la venta y transformación del Edificio Ferretería, donde numerosos inquilinos fueron desalojados. Esta situación provocó la indignación del pueblo y reavivó el debate sobre la soberanía urbana y el desplazamiento forzado. Artistas como Bad Bunny, Residente, Natalia Lafourcade entre muchos otros, han denunciado estas prácticas desde la música, visibilizando el despojo territorial que enfrenta América Latina y el mundo.

Conclusión

El derecho a la vivienda no puede seguir entendiéndose únicamente como una cuestión de infraestructura. La vivienda es, ante todo, un espacio de arraigo, identidad y acceso equitativo a la ciudad. Defenderla implica también cuestionar los modelos de desarrollo urbano que priorizan la especulación y el consumo por encima del bienestar colectivo. La arquitectura, más que una respuesta formal, debe ser un acto de resistencia ética y social.