Por: Óscar Coello

Pocas cosas representan tanto el anhelo de estabilidad como tener un hogar propio. Y, sin embargo, en México, ese sueño se ha ido volviendo una meta cada vez más distante. Lo que antes era un proyecto familiar a mediano plazo, hoy es una batalla contra el mercado, la burocracia, la migración desbordada, la gentrificación y, sobre todo, contra un poder invisible: el dinero sin rostro.

De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal, el precio promedio de la vivienda en México subió 8.2% en el primer trimestre de 2025, duplicando la inflación y llegando a casi 1.86 millones de pesos por unidad. Algunas zonas metropolitanas ya lo superan holgadamente: en León el alza fue del 10.9%, en Guadalajara del 9.8%, en Monterrey del 9.1% y en Tijuana del 11.1%. Mientras tanto, la Ciudad de México registra la tasamás baja entre las grandes áreas, con apenas 4.9%, lo que refleja un mercado nacional altamente desigual.

En Querétaro, el ritmo también es frenético: el primer trimestre de 2025 vio un alza de 6.7 % en la zona metropolitana, con incrementos de 7.4% en la capital, 6.2% en El Marqués y 5% en Corregidora. Esta diferencia entre los estados refleja una inequidad brutal: mientras el ingreso real de muchas familias ni siquiera crece al ritmo de la inflación, los precios de la vivienda vuelan al alza.

Mientras tanto, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera recibieron más de 6.8 millones de reportes por actividades vulnerables entre enero y mayo de 2025, un aumento del 66% respecto al mismo periodo del año anterior. Buena parte de estas actividades están vinculadas al sector inmobiliario, lo que confirma lo evidente: gran parte del capital que inflaciona el mercado proviene de recursos opacos, provenientes de actividades que bajan la cortina al ojo público.

Uno de los casos más evidentes de esta distorsión es Tulum. El auge inmobiliario que se vivió durante la pandemia, impulsado principalmente por inversionistas extranjeros, derivó en una sobreoferta sin precedentes. Hoy, la venta de vivienda nueva ha caído hasta 35% y existen más de 10,000 unidades en reventa, muchas de ellas vacías, construidas como valor de inversión, no como hogares. El mercado se autorreguló a la baja, pero el daño ya está hecho: un paisaje urbano lleno de unidades sin uso, sin vida comunitaria, sin habitantes.

Y el golpe más duro es para quienes sí quieren vivir. En Nuevo León, casi un millón de trabajadores ganan menos de 9,400 pesos al mes, lo que no alcanza ni para cubrir dos canastas básicas. Si ese es el panorama en una de las economías más dinámicas del país, ¿qué podemos esperar de los estados con más precariedad e informalidad laboral?

La migración interna —desde estados del sur o zonas violentas— y la migración externa —de nómadas digitales, jubilados extranjeros o inversionistas— añaden presión a los mercados urbanos. Pero el problema no es la movilidad, sino la falta de regulación que permita que esos flujos se integren sin desplazar a los habitantes originales. La gentrificación convierte barrios vivos en escaparates turísticos; transforma comunidades en mercancía y sube los precios para todos.

Las viviendas vacías, los desarrollos sin sentido urbano, los departamentos adquiridos en efectivo y nunca habitados… no son accidente. Son parte de una estrategia que convierte al ladrillo en refugio del capital, y no del ser humano. En ciudades como Querétaro, León o Mérida se multiplican las torres nuevas, los complejos cerrados y las plusvalías especulativas, pero rara vez se habla de los vacíos sociales que esas construcciones dejan.

Frente a este panorama, la gran pregunta es: ¿por qué nadie lo detiene? Porque hacerlo implicaría regular, vigilar, transparentar. Implicaría confrontar al capital sin rostro que opera sin dar explicaciones. Significaría revisar la compra extranjera de inmuebles, imponer impuestos a la vivienda desocupada, y exigir trazabilidad del origen del dinero. En un país donde incluso la política local depende en parte del negocio inmobiliario, esto no es tarea fácil.

México necesita recuperar el sentido social de la vivienda. Debe volver a poner al centro a las personas, y no al rendimiento financiero. Se requieren políticas públicas con dientes: qué impidan el desplazamiento, que promuevan vivienda social en zonas bien ubicadas, que regulen el mercado turístico, y que enfrenten el uso de la vivienda como instrumento para el blanqueo de capitales. De lo contrario, nuestras ciudades serán habitadas por números, pero vacías de ciudadanía.

No se trata de estar en contra del desarrollo, sino de evitar que este ocurra a costa de la exclusión. La vivienda digna es un derecho, no un lujo. Y defender ese derecho implica, ahora más que nunca, preguntarnos: ¿de quién son realmente nuestras ciudades?