Por: MSc. Arch. Urb. Raúl Martínez Medina y MSc. Mariana Fajardo
Hablar de arquitectura en México hoy exige incomodarse. Ya no basta con discutir proporciones, materialidad o eficiencia constructiva cuando, en buena parte del país, abrir la llave se ha vuelto un acto de fe. La crisis del agua dejó de ser una advertencia técnica para convertirse en una experiencia cotidiana con la que lidiamos mediante tandeos, pipas y almacenamiento improvisado. En este escenario, la pregunta ya no es solo cómo habitamos el espacio, sino en qué condiciones materiales es siquiera posible habitarlo.
Durante décadas, diseñamos ciudades como si el agua fuera infinita o, peor aún, como si no nos incumbiera. Nuestra disciplina operó bajo una suerte de negación hídrica. Las superficies selladas, los suelos impermeables y las cubiertas que expulsan la lluvia lo más rápido posible son solo algunos de los legados del urbanismo del siglo XX. En nombre de la sustentabilidad, decidimos capturar el sol, pero elegimos rechazar la lluvia. Mientras tanto, los acuíferos —nuestro soporte invisible— comenzaron a agotarse. Como advierte Erik Swyngedouw (2004), el agua no solo fluye por la ciudad, sino que revela las tensiones políticas, económicas y espaciales que la producen.
Lo que enfrentamos en urbes como la Ciudad de México no se explica únicamente por la variabilidad climática. Como señala el ecólogo Luis Zambrano, la crisis actual es resultado de decisiones históricas: “Llevamos un siglo urbanizando las zonas de infiltración”. Es decir, hemos construido sistemáticamente sobre los territorios que permitían recargar el acuífero del que depende cerca del 70% del abastecimiento del Valle de México. El resultado es paradójico: nuestra capital se inunda cuando llueve, pero es incapaz de almacenar esa misma agua para los meses de sequía.
La complicación más grave es que seguimos respondiendo con la misma lógica que generó el problema. Frente a la escasez, la apuesta ha sido ampliar la “infraestructura gris”: traer agua desde más lejos, bombear a mayor profundidad y construir túneles más grandes. El Sistema Cutzamala —una obra monumental que abastece a millones— depende de enormes cantidades de energía y de fuentes cada vez más vulnerables al cambio climático. Este tipo de respuestas representan una evasión a la drástica realidad nacional; solo consiguen encarecer el sistema hídrico y volverlo más frágil.
A escala doméstica, esto se traduce en una supervivencia individualizada: tinacos sobredimensionados, cisternas y compras constantes de agua. Cada vivienda resuelve como puede lo que, en realidad, es un problema colectivo. Aquí aparece una de las contradicciones más profundas de nuestro contexto: tener conexión a la red no garantiza el derecho real al agua. Las cifras de cobertura suelen ocultar la intermitencia, la baja presión o la mala calidad. El agua, lejos de distribuirse de manera neutral, es un recurso atravesado por decisiones políticas y clientelares. Es precisamente aquí donde la arquitectura puede dejar de ser parte del problema para operar como mediadora. No como un gesto simbólico, sino como infraestructura activa. Debemos pensar el medio construido como un sistema capaz de captar, infiltrar, almacenar y reutilizar el recurso. Esto implica un cambio radical de enfoque.
No es una idea abstracta. Significa, por ejemplo, devolver al suelo su capacidad de absorción mediante superficies permeables y paisajes que trasciendan los intereses del gobierno en turno. Significa incorporar sistemas de tratamiento que permitan reutilizar el agua en distintos ciclos dentro de la misma infraestructura. Significa, también, asumir que la densificación urbana no puede seguir ocurriendo sobre territorios completamente impermeabilizados.
Lo que está en juego no es solo la eficiencia técnica, sino una forma distinta de entender la relación entre sociedad y territorio. Durante el siglo XX se impuso una modernidad que escondía el agua en tuberías, borrando prácticas históricas que trabajaban con ella en lugar de expulsarla. Ivan Illich (1985) ya advertía que las infraestructuras centralizadas generan vulnerabilidad al desconectarse de los sistemas locales. Además, la crisis revela que el agua no se distribuye solo por gravedad, sino por poder. Mientras algunos sectores amortiguan la escasez pagando pipas, otros dependen de una red intermitente. Esta desigualdad no es accidental; es el resultado de una gestión deliberada.
Quizá el cambio más importante sea conceptual: dejar de pensar el agua como un servicio que llega desde fuera para entenderla como un ciclo del que formamos parte. Debemos reconocer que la ciudad no está separada de su base ecológica. Como señala Timothy Morton (2013), los sistemas ambientales no son “exteriores” a lo humano, sino condiciones íntimamente entrelazadas con nuestras formas de vida.
En un país donde la sequía se intensifica y la centralización de las urbes asfixia a las poblaciones rurales, la pregunta no es si debemos transformar nuestra manera de diseñar, sino cuánto tiempo más podemos permitirnos no hacerlo. La arquitectura no resolverá por sí sola la crisis hídrica, pero no puede seguir actuando como si no existiera. El agua es la condición que hace posible la vida urbana; diseñar ignorándola ya no es una opción, es una forma de acelerar el desastre.
