Miles de inmuebles en la CDMX dañados por los sismos de 1985 y 2017 siguen sin rehabilitarse.

Ciudad de México, septiembre de 2025.- A 40 años del sismo de 1985 y ocho del ocurrido en 2017, el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) subrayó que la prevención, el reforzamiento estructural y la rehabilitación de edificaciones son piezas clave para fortalecer la resiliencia urbana y reducir riesgos en ciudades expuestas a la actividad sísmica.

“Reforzar un edificio reduce riesgos de colapso, protege vidas y evita pérdidas económicas mayores”, destacó el organismo, al recordar que miles de construcciones dañadas en la capital permanecen vulnerables.

México cuenta desde 2023 con la Norma Técnica Complementaria para Evaluación y Rehabilitación de Edificios Existentes, que establece criterios modernos para diagnosticar, diseñar y reforzar inmuebles. A esto se suman las actualizaciones sexenales de los códigos de construcción, cada vez más estrictos con hospitales, escuelas y unidades habitacionales, considerados prioritarios por concentrar poblaciones vulnerables.

El CICM, a través de su Comité de Seguridad Estructural, hizo un llamado al cumplimiento cabal del Reglamento de Construcciones y sus Normas Técnicas Complementarias, recordando que, aunque se han registrado avances en la ingeniería sísmica, aún existen áreas de oportunidad para reducir incertidumbres ante un fenómeno impredecible como los sismos.

Además de la normatividad, el uso de sensores, drones y sistemas satelitales permite monitorear riesgos y optimizar la gestión de desastres. Ejemplo de ello es el Protocolo de Actuación Post-Sísmica del CICM, que organiza brigadas de ingenieros civiles voluntarios para evaluar viviendas y oficinas. Durante el sismo de 2017, este mecanismo desplegó 35 brigadas con más de 700 voluntarios, quienes revisaron 2,500 estructuras en la capital.

La dimensión del problema es contundente: tan solo en 2024 se registraron 33,396 sismos en México, un promedio de 91 diarios, según datos de la UNAM. El evento de 2017 afectó más de 25 mil viviendas y 1,132 escuelas, con pérdidas directas superiores a 88,000 millones de pesos a nivel nacional.

El CICM refrendó que la inversión en prevención y reforzamiento debe asumirse como una responsabilidad compartida entre propietarios, autoridades y el sector inmobiliario, quienes pueden apoyarse en incentivos fiscales, seguros y fondos de garantía. Solo así, concluyó, será posible proteger vidas, reducir costos y garantizar la continuidad de la vida urbana frente a la amenaza permanente de los sismos.