· La nueva instancia legislativa tiene el objetivo de verificar que las operaciones de los tres órdenes de gobierno se apeguen a la legalidad y la transparencia.
CIUDAD DE MÉXICO — En la Cámara de Diputados se instaló la Comisión de Investigación del Funcionamiento de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, con Operaciones y Contratos de Infraestructura y Servicios de Particulares.
En un comunicado, el presidente de esta nueva instancia legislativa, el perredista Waldo Fernández González, destacó que para la transparencia y rendición de cuentas es indispensable conocer los contratos que empresas privadas realizan con los tres órdenes de Gobierno.
Explicó que esta comisión investigadora tiene por objetivo verificar que las operaciones y contratos de infraestructura y servicios con particulares se hayan apegado a los principios de legalidad, transparencia y honradez.
Así como que hayan cumplido con las normas y procedimientos a que están obligados los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal.
"La comisión deberá definir como eje de su trabajo un número determinado de entidades paraestatales a verificar, así como de contratos y empresas, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales son los organismos descentralizados del Estado, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos", agregó.
Fernández González informó que esta comisión no verá el tema de los fideicomisos públicos, e informó que también buscará reunirse con los titulares de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación para conocer la situación del tema.
Subrayó que las contrataciones públicas son el medio por el cual los gobiernos procuran proporcionar los bienes o servicios que el país requiere.
A nivel global, esta práctica constituye aproximadamente 15% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, y en México las contrataciones gubernamentales corresponden entre 30 y 40% de los gastos de gobierno o el equivalente del 7 al 10% del PIB.
Finalmente, mencionó que de acuerdo con el Informe de Transparencia, Objetividad y Competencia en las contrataciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las conductas ilegítimas más frecuentes entre el sector privado y el gobierno son la emisión de ofertas ficticias para aparentar competencia.
Así como la supresión de ofertas que consiste en la no presentación o retiro de ofertas presentadas, la rotación de ofertas y la asignación de mercado.
