Por: Mtro. Óscar Coello Huerta

No es raro recorrer una obra recién inaugurada y encontrar, a los pocos meses, trabajos correctivos, ajustes improvisados o restricciones operativas que nadie anticipó en el proyecto original. No se trata de fallas extraordinarias ni de errores aislados: es el resultado de una práctica normalizada en la infraestructura pública mexicana, donde se construye primero y se piensa después.

Bajo la frase cómoda de “una obra sale en lo que tiene que salir” se han justificado sobrecostos, ampliaciones presupuestales, convenios modificatorios y extensiones de plazo como si fueran parte natural del proceso constructivo. No lo son. En la mayoría de los casos, son el síntoma más claro de una planeación deficiente. No por falta de capacidad técnica ni de especialistas en México —que los hay y de alto nivel—, sino porque con frecuencia las decisiones se toman sin incorporarlos de manera real en la etapa donde más valor aportan: la planeación.

La urgencia política y repito, no la falta de conocimiento técnico ha sido, históricamente, la piedra en el zapato del desarrollo de la ingeniería civil en el país. Desde hace décadas, la prisa por anunciar, iniciar o inaugurar obras ha desplazado la reflexión técnica. Se arranca con anteproyectos incompletos, estudios parciales o supuestos optimistas, confiando en que “en obra se resuelve”. Y sí, se resuelve… pero casi siempre a un costo mucho mayor del que se habría tenido con una planeación adecuada.

No es casualidad que numerosos proyectos de infraestructura pública terminen costando 20%, 30%, 50% o incluso más del doble por encima de su presupuesto original, ni que sus plazos se extiendan meses o años. Tampoco es coincidencia que muchas obras requieran intervenciones mayores poco tiempo después de haber sido inauguradas. Todo esto responde a una misma raíz: decisiones tomadas sin una visión integral del proyecto, donde se prioriza el calendario político sobre el proceso técnico.

El verdadero problema no es que una obra cueste más; el problema es no saber desde el inicio cuánto debería costar realmente, porque cuando no se analiza el ciclo de vida completo, como lo es el proyecto, construcción, operación, mantenimiento y su eventual rehabilitación, se construye infraestructura financieramente frágil. Lo que aparenta ser ahorro inicial termina convirtiéndose en una carga permanente para las finanzas públicas.

Diversos análisis técnicos coinciden en que los proyectos de infraestructura mal planeados pueden registrar sobrecostos de entre 20% y 40%, sin considerar los incrementos posteriores en operación y mantenimiento. Si se traslada esta realidad al volumen de inversión pública anual en México, la falta de planeación podría estar representando pérdidas del orden de cientos de miles de millones de pesos cada año. No se trata de dinero perdido por fallas técnicas, sino por decisiones institucionales que relegan la planeación a un segundo plano.

Este debate cobra especial relevancia rumbo al verano mundialista de 2026, cuando México volverá a estar bajo el escrutinio internacional con sedes en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Un evento de esta magnitud no exige solo estadios o proyectos visibles; exige infraestructura urbana, movilidad, servicios, operación y mantenimiento a estándares globales. Existen múltiples promesas políticas asociadas a este evento; lo que aún no está claro es cuántas de ellas llegarán realmente al nivel técnico que una vitrina internacional de esta escala demanda.

Aquí la pregunta ya no es técnica, es institucional: ¿quién está asegurando que las decisiones que hoy se toman cumplirán con esos estándares? Dependencias ejecutoras, áreas técnicas, órganos de control y autoridades responsables no pueden seguir operando bajo la lógica de resolver en obra lo que debió resolverse en planeación. 

La ingeniería no es un trámite ni un requisito administrativo. Es el espacio donde se evalúan riesgos, se comparan alternativas, se optimizan recursos y se protege el interés público. Excluirla de la planeación no solo debilita los proyectos; compromete directamente la calidad de la infraestructura que se entrega a la sociedad.

Hay ejemplos de sobra, sin necesidad de nombrarlos, de obras iniciadas sin proyecto ejecutivo completo, sin estudios geotécnicos ni medio ambientales suficientes, sin análisis serio de riesgos o sin una estrategia clara de operación y mantenimiento. El resultado siempre es el mismo: modificaciones contractuales, incrementos de precios y narrativas oficiales que intentan justificar lo que, desde el inicio, pudo haberse evitado.

Y, por supuesto, siempre existe un componente incómodo en la ejecución de la obra pública: prácticas que distorsionan costos, tiempos y alcances, ese tema, profundo y necesario, merece un análisis propio y se abordará en otra edición, pero por ahora, basta con reconocer que la falta de planeación también abre la puerta a decisiones que poco tienen que ver con la técnica y mucho con otros intereses.

De cara a 2026, México no enfrenta una escasez de proyectos; enfrenta una escasez de decisiones bien tomadas. Hoy más que nunca se requiere un propósito institucional claro: que cada obra pública responda a criterios técnicos, financieros y operativos sólidos, y no únicamente a la urgencia del momento.

Planear mejor no significa frenar el desarrollo; significa hacerlo con responsabilidad. Significa entender que la infraestructura no se evalúa el día del banderazo ni de la inauguración, sino a lo largo de su vida útil. Significa aceptar que la frase “sale en lo que tiene que salir” no puede seguir siendo una excusa, sino una advertencia.

La infraestructura no falla cuando colapsa, falla cuando se concibe sin planeación. Y si México quiere llegar a 2026 con obras que funcionen, duren y representen al país con dignidad, debe volver a poner a la ingeniería en el centro de las decisiones públicas, con responsabilidad institucional, memoria histórica y voluntad de hacer las cosas bien desde el inicio.

Porque cuando no se planea, siempre se paga caro, y ya no hay margen para seguir pagando esa factura.