Tras la publicación de la nueva Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, se ha generado una serie de comentarios, ya que resulta algo preocupante para el sector inmobiliario de la ciudad. 

El negocio inmobiliario puede verse afectado, con el artículo 60 de dicha ley, la cual tiene el objetivo de velar por los derechos de las personas que rentan cualquier bien inmueble en la ciudad, “para evitar los desalojos forzosos o lanzamientos que violen".

Esto complica la situación para los arrendadores de inmuebles, ya que puede resultar injusto el no poder desalojar a inquilinos que no cumplan con contratos y pagos de renta. 

Todo esto da entrada a la invasión a la propiedad privada, pues cualquier persona que se ostente como propietario podrá recurrir ante los tribunales utilizando lo dispuesto en esta ley y solicitar una indemnización antes de salirse.

Esto puede dar como resultado la desmotivación en este sector, ya que muchas personas dedicadas al mismo ya no verían rentable el negocio y sobre todo sus vienes inmuebles carecerían de seguridad.