La reciente reconfiguración institucional del sector energético mexicano marca un punto de inflexión que no puede pasar desapercibido. Con la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE), el país no solo reestructura su aparato regulador, sino que redefine el rol del Estado en la transición energética. Al mismo tiempo, la ampliación del límite permitido para la generación distribuida sin permiso, de 0.5 a 0.7 megawatts, ofrece una bocanada de aire fresco para un sector privado que busca mayor autonomía, menores costos y sostenibilidad.
La concentración de funciones regulatorias en la CNE, bajo la tutela de la Secretaría de Energía, ha generado preocupaciones legítimas sobre la pérdida de autonomía técnica. Sin embargo, también abre una oportunidad para agilizar procesos y reducir la fragmentación que durante años ralentizó el desarrollo de proyectos de energías limpias. La clave estará en que esta nueva estructura mantenga un compromiso real con la transparencia, la eficiencia operativa y la certeza jurídica para inversionistas y usuarios calificados.
El verdadero giro transformador, sin embargo, lo representa el cambio en el umbral de generación distribuida. Esta modificación, que podría parecer técnica y menor, tiene implicaciones profundas. En términos prácticos, permite que más empresas —particularmente medianas industrias y parques industriales— instalen sistemas fotovoltaicos más potentes sin la pesada carga de trámites regulatorios. Esta simplificación facilita que el sector productivo dé un paso decisivo hacia la autosuficiencia energética y la descarbonización de sus operaciones.
Durante los últimos años, la generación distribuida ha crecido de forma sostenida en México, alcanzando más de 3,800 MW en capacidad instalada. El nuevo límite de 0.7 MW podría agregar más de 100 MW adicionales de forma casi inmediata, dinamizando un sector que ya ha demostrado ser rentable, resiliente y técnicamente viable. Pero más allá de la capacidad agregada, este cambio envía una señal política poderosa: el país reconoce que el futuro energético no pasa únicamente por grandes centrales eléctricas, sino por empoderar a los usuarios para generar, almacenar y gestionar su propia energía.
Esta transformación es especialmente relevante en el contexto del nearshoring. Las nuevas inversiones extranjeras que llegan a México no solo buscan eficiencia logística y costos laborales competitivos; también requieren soluciones energéticas limpias, confiables y alineadas con sus compromisos ESG. Los parques industriales que integren generación solar distribuida en sus diseños no solo reducirán su factura eléctrica, sino que también mejorarán su atractivo comercial y reputacional.
Desde luego, no todo está resuelto. La nueva CNE deberá definir con claridad las reglas de juego para la compensación de excedentes, la interconexión técnica y el papel de la red eléctrica como respaldo. También será necesario fomentar la incorporación de almacenamiento energético, clave para estabilizar la intermitencia y garantizar seguridad operativa. Pero los cimientos están puestos. Lo que antes parecía un trámite engorroso ahora se perfila como una estrategia de competitividad industrial.
En un país como México, con una radiación solar envidiable, capacidad técnica instalada y una industria hambrienta de certidumbre energética, avanzar hacia un modelo descentralizado de generación es más que una opción: es una necesidad estratégica. La simplificación regulatoria y el aumento del límite de generación distribuida son pasos en la dirección correcta. Solo falta que se acompañen de una visión de largo plazo que entienda que el futuro energético del país se construye desde los techos de nuestras fábricas, no solo desde los despachos del centro.
